martes, 20 de septiembre de 2011

La Audiencia Nacional estudia hoy martes el futuro del "caso Faisán"

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este martes una vista trascendental para el futuro del "caso Faisán" ya que tras ella los magistrados deberán decidir si la causa que investiga el "chivatazo" policial al aparato de extorsión de ETA debe permanecer en el tribunal o, por el contrario, debe remitirse a la justicia ordinaria, en este caso a los juzgados de instrucción de Irún (Guipúzcoa).

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decidió que el futuro del "caso Faisán" sea sometido a un pleno de magistrados y no a una sección de jueces. Aún así, los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruíz Polanco no participarán en el pleno ya que, de quedarse en el caso en la Audiencia Nacional, formarían el tribunal encargado de celebrar el juicio, según explicaron fuentes jurídicas.

La vista de apelación, que contará con la presencia de 15 magistrados, se iniciará a las 17.00 horas del martes, en las instalaciones que la Audiencia tiene en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid). Tras la vista, los magistrados iniciarán la deliberación, un proceso que podría extenderse a lo largo de varios días, por lo que parece poco probable que haya una decisión sobre el "caso Faisán" el mismo martes.

COLABORACIÓN TERRORISTA

La vista de apelación servirá para que las partes procesales expongan sus argumentos a favor y en contra de la salida de la causa de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha anunciado que defenderá que no se puede atribuir a los tres mandos policiales procesados un delito de colaboración con organización terrorista, al entender que para incurrir en este tipo penal ha de existir una coincidencia con los fines de la banda.

Si la mayoría de los magistrados aceptasen esta tesis, el "caso Faisán" tendría en principio que remitirse a los juzgados de instrucción de Irún (lugar en el que tuvieron lugar los hechos), ya que los tres policias procesados tan sólo estarían acusados de un delito de revelación de secretos, un tipo penal que no es competencia de la Audiencia Nacional, a diferencia de lo que sucede con la colaboración con organización terrorista.

Las defensas de los procesados -el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y el inspector de Vitoria José María Ballesteros, argumentarán por su parte que no existen pruebas que demuestren que sus clientes son los responsables del chivatazo a ETA que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 y con el que se alertó a la banda terrorista de la operación policial que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión. Pedirán, por lo tanto, el archivo de las actuaciones contra los tres mandos policiales.

En la vista de apelación también intervendrán las acusaciones populares personadas en la causa, como es el caso del PP o de la asociación Dignidad y Justicia, quienes, con toda probabilidad, pedirán la confirmación del procesamiento dictado por el instructor de la causa, el juez Pablo Ruz, el pasado 13 de julio contra Pamies, García Hidalgo y Ballesteros.

FILTRACIÓN A ETA

El juez Ruz señaló en su auto de procesamiento que los tres policías, que formaban parte de la cúpula policial del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producir, y atribuyó a los procesados un delito de revelación de secretos y otro de encubrimiento o colaboración con organización terrorista.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional concluyó que el inspector Ballesteros fue la persona que entregó a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006 a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil. El magistrado sostiene que a través de ese móvil, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA. Esta delación habría contado con la colaboración y connivencia del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.


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